En un contexto histórico de los últimos 14 años de escasa exploración hidrocarburífera, de declinación de campos productivos y un crecimiento elevado de la importación de combustibles líquidos (diesel y gasolina) y una insostenible subvención de carburantes, los expertos Alvaro Ríos, Hugo del Granado y Francesco Zaratti, en contacto con El Día, sugieren al gobierno actual, acelerar medidas correctivas orientadas a dar un giro en la matriz energética del país.
"A mediano y largo plazo hay que emprender la transición de la matriz energética que implica cambiar los autos a gasolina por autos eléctricos, con electricidad generada por fuentes renovables, y los motores a diésel con motor a gas comprimido o licuado, como se está experimentando en otros lares", puntualiza Zaratti.
"Es un problema estructural", dice Del Granado y a partir de ese diagnóstico plantea apuntar hacia la diversificación energética para evitar el alto costo que implica, por un lado importar carburante y por otro distribuir para el consumo interno con un costo subvencionado cuyo promedio es del 5% con relación al costo real por litro de carburante importado tanto de gasolina y diesel.
"Se tiene que investigar la factibilidad económica de convertir la maquinaría agrícola a LNG. El sector agrícola, junto con pesca y minería, solo consume diésel (61%) y electricidad (39%), hay que trabajar para modificar esa matriz energética", precisa
Ríos, remarca que en los últimos años se ha deprimido la producción de crudo en el país, efecto por el cual las refinerías han incrementado su capacidad ociosa, según otro datos hasta un 60%. "Se debería reglamentar la Ley 767 para reactivar campos maduros, que puede apoyar a la balanza energética incrementando producción de petróleo", dice.
Un contexto de difícil. "Definidamente todo arranco inadecuadamente desde la Ley de Hidrocarburos 3058 de Hormando Vaca Diez", señala Ríos al atribuir las causas al momento actual que vive el país en el tema energético y la alta de pendencia de la importación de combustibles líquidos de las importaciones. "Fue una Ley política que mató nueva exploración con el famoso 'fifty fifty' en áreas alejadas y sin información geológica y concentró actividad en gas y en estructuras grande y no pequeñas. Desde ahí vino el modelo de contrato SAM(Sociedad Anónima Mixta) de exploración que instituyó el MAS, el mismo que no incentiva para nada la exploración. Fue sobre llovido mojado", remarca.
Zaratti refiere que lo óptimo sería que no se necesite importar combustibles, pero sabemos que Bolivia es básicamente un país gasífero, consumidor y exportador. "Mientras nuestra producción de líquidos es baja (unos 45 mil barriles de petróleo actualmente) y está asociada a la extracción de gas (petróleo condensado)", describe.
Paliativos al problema. Bajo el argumento que para esta gestión 2020, la demanda total estimada de diésel en Bolivia será de aproximadamente 2.141 millones de litros, el gobierno de Jeanine Añez, a través de YPFB gestiona la importación de combustibles al precio más bajo y en mejor calidad, alineados a las normas internacionales de emisiones atmosféricas EURO IV, en la perspectiva de conservar el medio ambiente y la salud de la población.
Zaratti, a tiempo de celebrar que dicho proceso se haga vía licitación señala el anuncio obedece a una norma ambiental que YPFB debe cumplir. "La eliminación de compuestos gaseosos de azufre beneficia a la salud de los ciudadanos que respiran el humo de los motores a diésel y no se debe medir en función del mayor costo de importación", enfatiza.
En cambio, Del Granado, sostiene que hay que encontrar un punto de equilibrio entre calidad y precio. "Si el país está en un momento de ajuste económico con elevados costos por subvención y mayores volúmenes de importación, no podemos aspirar a tener el carburante de la mejor calidad del mundo. No se está bajando la calidad, es la misma de siempre y es mejor continuar, por el momento, con el mismo diésel sin aumentar costos", finaliza.
Punto de vista
Alvaro Ríos
Ex Ministro de Hidrocarburos y Analista Energético
"No veo razón porqué no existe voluntad política"
"Creemos que el gobierno y la estatal YPFB han hecho algo extraordinario que es mantener el mercado interno abastecido y han logrado una extensión del contrato con Brasil. Solo les toca negociar contratos de gas a mas largo plazo en Brasil y Argentina.
La balanza comercial negativa la dejo el gobierno del MAS y es de ellos su total responsabilidad. Ahora se esta haciendo lo que se puede para importar petróleo en vez de diesel y gasolina y mejorar la capacidad de la refinería. También ver cómo importamos mas económicamente por oleoducto vs. cientos de camiones que meten el producto con un costo mucho mas elevado de transporte.
Finalmente, se debería reglamentar la Ley 767 que ya esta y limpiar los reglamentos para reactivar campos maduros, que puede apoyar a la balanza energética incrementando producción de petróleo, mejorando la capacidad en la refinerías y generando empleo local. No veo razón porque no existe voluntad política para algo tan simple como esto y ahorrarle al paso millones de dólares anuales. Razones habrán..."