La propuesta que más le ha incomodado al régimen de Luis Arce ha sido la creación de una guardia departamental, una policía cruceña, vamos a decir, que se encargue de la seguridad y la protección de los ciudadanos, dado que los actuales uniformados se encargan únicamente de salvaguardar los intereses del gobierno y han llegado a extremos intolerables cuando se trata de maltratar a los que pacíficamente exigen el respeto a la democracia y se manifiestan por la escalada autoritaria de la administración de Luis Arce.
Pese a que en los estatutos del departamento se contempla el aspecto de la seguridad ciudadana y se le delega a la gobernación responsabilidades importantes en este campo, las autoridades del MAS dicen que es inconstitucional lo aprobado en el reciente cabildo y que surge del inmenso malestar que ha causado en la población la actuación salvaje y brutal de los policías en los últimos meses.
No dudamos que los actuales comandantes tienen la orden del gobierno de golpear duro, exagerar en la represión y si es posible, tirar a matar, pues se está ejecutando un acto de escarmiento contra los cruceños y al mismo tiempo se pretende amedrentarlos para que dejen en paz a la dictadura y ya no sigan quejándose de los abusos, los avasallamientos, la hostilidad y los actos de humillación que permanentemente cometen contra el departamento y sus habitantes.
Santa Cruz es la región que más está sufriendo los embates de este estado policiaco que ha agudizado con tanto odio y resentimiento Luis Arce, que parece decidido a poner de rodillas a toda una población que no ha cometido otro delito más que defender los derechos de todos los bolivianos, luchar contra el fraude, la injusticia y exigirle al poder hegemónico que no aniquile el estado de derecho.
En este momento, los jueces, los fiscales y los policías son los “jinetes del apocalípsis”, sobre los cuales se asienta la gestión masista, cuyos ministros están dedicados a organizar grupos de choque para romperle la cabeza a garrotazos a cualquiera que salga a las calles a protestar contra lo que ya es una dictadura, con toda las letras. El colmo de todo es que los que reciben las armas, los uniformes, el sueldo y la plata para patrullar las calles luchar contra el crimen, se han convertido en los escoltas y protectores de los pandilleros que usan las autoridades para apalear a la gente.
Lo irónico es que tanto la alcaldía municipal como la gobernación de Santa Cruz ponen plata para que funcione la policía, le entregan vehículos, le pagan la gasolina y encima de eso están dedicados exclusivamente a darle con todo a este pueblo hospitalario que acoge a oficiales y policías que vienen de todo el país y que se pelean por ser destinados a esta región, pues ellos, al igual que muchos bolivianos, la pasan muy mal en sus lugares de origen. Santa Cruz tiene todo el derecho a protegerse, a defenderse y a buscar la manera de evitar que la sigan maltratando de manera tan sañuda.
Los jueces, los fiscales y los policías son los “jinetes del apocalípsis”, sobre los cuales se asienta la gestión masista, cuyos ministros están dedicados a organizar grupos de choque para romperle la cabeza a garrotazos a cualquiera que salga a las calles a protestar contra lo que ya es una dictadura, con toda las letras.