El Defensor del Pueblo seguramente está muy convencido de que la muerte del ex interventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, ocurrió de la misma forma cómo lo aseguró el gobierno, tras una veloz y amañada investigación que muestra mucho, esconde lo esencial y, sobre todo, contamina las pruebas que deberían ayudar a esclarecer el hecho. De otra manera, Pedro Callisaya tal vez no se hubiera atrevido a lanzar el lapidario informe sobre la situación del cocalero de Los Yungas, César Apaza detenido por orden del régimen del MAS y que ha sido sometido a torturas, exceso de violencia y trato degradante, desde que fue arrestado en septiembre de 2022 por oponerse a un mercado ilegal de la coca que promueve el gobierno y que favorece el desvío de la “hoja sagrada” al narcotráfico. La muerte de Colodro, que no es un hecho aislado, pues está precedida de varios “accidentes” muy dudosos, es la prueba más fehaciente de que el gobierno nos ha metido en una nueva fase de la dictadura, donde, tal como lo dijo un tristemente célebre tiranuelo, hay que andar con el testamento bajo el brazo.