El gobierno boliviano está molesto por el lapidario informe sobre los derechos humanos en el país que acaba de publicar el departamento de estado de Estados Unidos, que habla de casos de tortura, de detenciones ilegales, del linchamiento de Jeanine Añez y de la justicia corrupta y politizada que tenemos por obra y gracia de la cultura política que arrastramos desde el nacimiento de la república, pero que el MAS ha llevado a extremos nunca antes vistos en casi 200 años.
Los autores del informe no dicen nada que no sea de dominio común, pero suena fuerte porque es un amplio compendio de lo que está ocurriendo, de los avances y retrocesos. Además no habla sólo de Bolivia, sino que se ocupa de cientos de países, sin el ánimo de hacer un ránking o un juicio de carácter vinculante. Es absolutamente informativo, con una alta dosis de rigurosidad y objetividad, de ahí el interés que despierta cada vez que se publica.
Los expertos dicen que se trata de uno de los documentos más esperados y es uno de los más leídos debido a su credibilidad. Se ha convertido en una fuente permanente de consulta de altos funcionarios gubernamentales en todo el mundo, lo leen los responsables de miles de organizaciones no gubernamentales, los personeros de la ONU, los intelectuales y catedráticos de las principales universidades, las organizaciones vinculadas a la justicia y la abogacía y principalmente, las empresas y organizaciones comerciales que emplean estos datos para el análisis de riesgo para inversiones internacionales y desarrollo de negocios.
Este informe anual se realiza desde hace 40 años y se instauró por una ley del Congreso de Estados Unidos para que cada gestión los legisladores puedan considerar esta información al crear normas, aprobar tratados y tomar otras decisiones políticas. La justicia norteamericana y de muchos otros países lo usan para determinar casos de asilo político.
La manera de obtener la información también le otorga confiabilidad a este informe. Los datos no los recopila ni un agente de inteligencia, un espía, un informante pagado ni nadie que pueda despertar suspicacia. Todo proviene de organismos locales, medios de prensa, instituciones dedicadas al monitoreo de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, el Defensor del Pueblo y muchas entidades que no precisamente comulgan con los intereses de Estados Unidos, cuya principal motivación es usar los derechos humanos como rasero de la calidad de la democracia y la salud del sistema judicial pilar de cualquier gobierno que respete el estado de derecho.
Así es que el gobierno boliviano pierde su tiempo cuando reniega y despotrica contra Estados Unidos y denuncia injerencia, conspiración, pues no se trata de un juicio de la Casa Blanca, de Biden o de un grupo político específico, sino de una herramienta indispensable que tiene implicancias políticas, pero sobre todo económicas, pues el dinero es el primero en huir de lugares donde la ley no vale un comino y los administradores de justicia son cómplices de los criminales, que a su vez, son socios de los políticos.
El gobierno boliviano pierde su tiempo cuando reniega y despotrica contra Estados Unidos y denuncia injerencia, conspiración, pues no se trata de un juicio de la Casa Blanca, de Biden o de un grupo político específico, sino de una herramienta indispensable que tiene implicancias políticas, pero sobre todo económicas, pues el dinero es el primero en huir de lugares donde la ley no vale un comino y los administradores de justicia son cómplices de los criminales, que a su vez, son socios de los políticos.