Con la presentación de acciones legales que exigen la suspensión inmediata de los principales oleoductos de Ecuador, los pueblos indígenas de la Amazonía que involucra a nueve países, entre ellas Bolivia, iniciaron este martes una campaña global que pide una moratoria del extractivismo en todo el pulmón verde del continente sudamericano, durante la pandemia COVID-19.
"Este es un grito de la selva de la cuenca amazónica que hace un llamado a parar el extractivismo en la Amazonía que hoy se encuentra en punto de no retorno. Exigimos al mundo a que vea el derrame petrolero en la Amazonía ecuatoriana como una catástrofe ambiental que condena al etnocidio y a la muerte de los pueblos indígenas”, denunció Gregorio Mirabal, representante general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Un clamor que se extiende. La COICA, junto a otras organizaciones del Ecuador y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos realizaron el lanzamiento oficial de la campaña internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”.
La iniciativa busca fortalecer la agenda de las organizaciones indígenas frente a la defensa de sus territorios de vida, y promover acciones estratégicas, como exigir la suspensión de la dinámica e imparable actividad del extractivismo, que durante estos más de 140 días de cuarentena sanitaria no se ha inmutado por cumplir las restricciones de los Gobiernos involucrados en la Amazonía.
Esta campaña internacional, remarca el pronunciamiento, nace de la preocupación de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y del mundo ante la situación de riesgo en la que permanecen las comunidades indígenas, tanto por la histórica explotación petrolera como la reciente amenaza de la pandemia de COVID-19.
Lina María Espinosa, defensora de Derechos Humanos y abogada de Amazon Frontlines y la Alianza de DD. HH., ha denunciado este martes que el estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos humanos y Colectivos de Pueblos Indígenas privilegiando los intereses corporativos y extractivos durante décadas.
“En el caso del derrame de petróleo del 7 de abril en la Amazonía ecuatoriana, las autoridades de este país no han cumplido con sus obligaciones de atención, protección y reparación, por el contrario, han condenado a 27 mil personas a lo largo del río Coca y Napo en un contexto de pandemia”, relató la defensora.
Un panorama preocupante. La situación de los pueblos indígenas, frente a las extractivas vigentes, como el caso de Bolivia, con una minería aurífera considerada ilegal en el norte de La Paz y oeste del Beni, han puesto en situación crítica no solo a la salud de los pueblos indígenas Tacanas, Lecos, entre otros, sino que ha representado una amenaza similar a lo que sucede en el Ecuador. “Prácticamente el Estado y el Gobierno ha dejado en situación de indefensión por ejemplo a los Araonas”, señaló en contacto con El Día, Celín Quenevo, indígena Tacana y Asambleísta Departamental de La Paz. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el virus ha infectado al menos a 20.000 personas en las comunidades indígenas de la Amazonía. Ante esta preocupación, organizaciones indígenas de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam convocaron a la primera Asamblea Mundial por la Amazonía, dada entre el 18 y 19 de julio, donde pidieron una moratoria sobre las actividades extractivas en sus territorios para enfrentar la contaminación tóxica, los incendios furiosos, la pérdida de territorio y biodiversidad, cambio climático y, ahora, la propagación del COVID-19.