El Gobierno de Jeanine Áñez, luego de la reunión de gabinete de ayer, ha determinado que, a partir del lunes 1ro de junio, Bolivia ingresa a una fase de flexibilización en las restricciones sanitarias en contra del coronavirus (COVID-19). Se pondrá en marcha la denominada “cuarentena nacional, dinámica y condicionada” y a través de la emisión de varios decretos, el Gobierno pretende reactivar la economía con medidas como el diferimiento de pagos en créditos, impuestos y servicios.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Ortiz, en rueda de prensa en la sede de Gobierno, señaló que, entre las decisiones más salientes, está el hecho que la circulación a partir del próximo lunes quedará abierta entre 05:00 y 18:00 horas, rango en el cual se buscará restablecer la actividad económica, sin ninguna restricción alguna. Sin embargo, la autoridad, mencionó que el cumplimiento de la norma, estará supeditada bajo control y decisión de las entidades territoriales autónomas (ATA) como son los gobiernos departamentales y municipales.
“Al interior de ese horario continuo, los gobiernos departamentales y municipales deberán establecer otras medidas complementarias, para el funcionamiento bajo estrictas medidas de bioseguridad sanitaria, para el desarrollo del comercio, los servicios, el transporte, entre otros. Obviamente, tomando en cuenta la evolución de los indicadores epidemiológicos, en contacto permanente con los Servicios Departamentales de Salud (SEDES)”, argumentó la autoridad.
Medidas de flexibilización. Ortiz, al hacer referencia a la “cuarentena dinámica”, mencionó que la medida viene respaldada en varios decretos supremos, adelantó que el gabinete ministerial aprobó el diferimiento de pagos créditos, impuestos y de servicios como las telecomunicaciones y el pago de los aportes a las AFP (Administradora de Fondo de Pensiones). “Son decretos que autorizan el diferimiento de pagos en materia impositiva, créditos, en servicios básicos como telecomunicaciones y en el pago a las administradoras de fondos de pensiones, todo con el fin de velar por la economía de las familias y la preservación de empleos”, enfatizó.
En el caso del diferimiento de pago de crédito a las entidades financieras, la autoridad informó que para toda aquella persona que tiene una deuda por un monto inferior a Bs1,0 millón, tienen otros tres meses más de plazo, comprendidos en los meses de junio, julio y agosto, para el reinicio del pago de sus cuotas de crédito.
"Anteriormente se habían diferido las cuotas de marzo, abril y mayo, con este nuevo decreto para todos aquellos que deben menos de un millón de bolivianos se estarían postergando las cuotas de junio, julio y agosto", mencionó el ministro.
Sin embargo, según la Ley 1294 de Diferimiento de Créditos tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los bancos deben diferir el pago de las cuotas por seis meses, pero una vez que se levante la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19).
En el caso de los tributos. El Gobierno Nacional emitió el Decreto Supremo 4249, que amplía nuevamente hasta el 31 de julio el plazo de vencimiento para el pago del Impuesto sobre la Utilidades (UIE), de la gestión 2019, para los contribuyentes categorizados como "resto" por el Servicio de Impuestos Nacionales.
El ministro de Economía, José Luis Parada, anunció que la medida beneficiará a los contribuyentes que están por debajo de los Principales Contribuyentes (Prico) y de los Grandes Contribuyentes (Graco). Esto provocó la reacción de sectores empresariales grandes que mostraron su desacuerdo.
Ortiz a tiempo de mencionar que dicha medida beneficia al 99 % de los contribuyentes del régimen general y en respuesta a los empresarios exhortó que “todos los bolivianos deberíamos entender que el Gobierno y el Estado necesita también poder tener esos ingresos para poder atender a la población”, más aún en la difícil situación de emergencia sanitaria que vive el país.
70 Días
Después se echará andar la economía.