El Ministerio de Gobierno, la Policía y el Ministerio Público anteriormente impulsaron diversos procesos penales contra varios cocaleros yungueños, universitarios y cívicos por el uso de dinamitas y otros explosivos durante protestas sociales, debido a que infringe la Ley 400 y el Decreto Supremo 2888. Sin embargo, este lunes no hicieron cumplir la medida con los mineros, afines al Gobierno, que hicieron estallar gran cantidad de explosivos con el fin de desbloquear las protestas de los vecinos paceños. Analistas consideran que la justicia no se aplica con igualdad.
En septiembre de 2013, el presidente Evo Morales promulgó la Ley 400 para regular el uso de los explosivos para garantizar la convivencia pacífica entre bolivianos. El artículo 8 de dicha Ley establece: “Queda prohibida la tenencia, porte y uso de explosivos en actividades diferentes a las autorizadas, debiendo la Policía Boliviana incautar o secuestrar dichos explosivos sin perjuicio de las acciones legales que correspondan”.
También está vigente un Decreto Supremo 2888 que prohíbe el uso de la dinamita y otros explosivos en movilizaciones y protestas. El decreto fue aprobado, después que una manifestación de los cooperativistas mineros derivó en enfrentamientos con la Policía y terminó con el asesinato del entonces viceministro Rodolfo Illanes. En ese momento, el ministro Romero dijo que las dinamitas y otros explosivos son armas letales, que no solo dañan la integridad física de las personas sino atentan contra la propia vida de sus portadores.
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