La primera intervención pública del nuevo ministro de Defensa, Edmundo Novillo ha sido dirigida hacia las milicias armadas, un tema muy candente no sólo por lo que ha dicho un cachivache despistado el otro día, sino por todo lo que ha ocurrido en este difícil año que nos ha tocado vivir a los bolivianos.
Desde ya, si no quiere provocar el desgaste prematuro, el gobierno debe acabar con esos tristes espectáculos que protagonizan algunas agrupaciones como los “ponchos rojos” que se pasean por los alrededores de la Plaza Murillo con paso marcial, haciendo demostraciones ridículas, pero incitantes por su alto contenido racista y su carga de odio. Han prometido tolerancia y búsqueda de paz y por eso mismo deben terminar con las demostraciones violentas que han estado haciendo militantes del MAS, que por poco sacan a empujones a los funcionarios de diferentes ministerios.
Los militares bolivianos son esencialmente patriotas y lo que hicieron el año pasado estuvo enmarcado en la Constitución. Defendieron la integridad de la nación y consiguieron la pacificación del país en medio de actos terroristas y los llamados a la guerra civil. Hay que tener mucho cuidado cuando se busca el revanchismo por lo ocurrido en Senkata, Sacaba y otros lugares donde hubo violencia provocada por los defensores del fraude. No se puede juzgar a nadie por defender el voto del pueblo, el patrimonio nacional y la sana convivencia entre bolivianos, lo contrario es continuar provocando el enfrentamiento.
Las Fuerzas Armadas también han asumido el papel que les compete al sujetarse al nuevo gobierno, al que reconocen como legítima expresión de las urnas. Lo que venga de aquí en más, depende de la voluntad política de los gobernantes, que han prometido una gestión sin persecución ni abuso de poder.
La organización de las milicias armadas no corresponde a un gobierno que busca la paz. Se trata de un proyecto que venía impulsando el régimen conducido por Evo Morales, quien claramente expresó la necesidad de crear una fuerza paralela que apuntale su proyecto ilegal y totalitario. Los hechos luctuosos de octubre y noviembre han probado que ese plan estaba en marcha y lo único que se debe hacer hoy es desmantelarlo y combatirlo con todo el peso de la ley.
Los más interesados en recurrir a la violencia no sólo son los que buscan la venganza, sino los que impulsan el fracaso del gobierno de Luis Arce, localizados precisamente en los movimientos sociales y aquellos grupos que han perdido protagonismo por estar comprometidos con la corrupción y una multitud de excesos que terminaron por desdibujar el “proceso de cambio”.
El mejor camino de Luis Arce es respetar el rol constitucional que debe cumplir cada uno de los actores de la democracia y la república, someterse a los dictámenes de la ley y dedicarse buscar las mejores estrategias para derrotar los problemas estructurales del país.
El mejor camino de Luis Arce es respetar el rol constitucional que debe cumplir cada uno de los actores de la democracia y la república, someterse a los dictámenes de la ley y dedicarse buscar las mejores estrategias para derrotar los problemas estructurales del país.