A Orlando Nogales, Gerente General de Lloyd Aéreo Boliviano(LAB), no se le quita de la cabeza que este caso de la propiedad de los terrenos de los aeropuertos, es una muestra de la 'cadena de irresponsabilidad' de la función pública del Estado.
Sin embargo, el periplo por sanear y poner en órden el LAB, que ya lleva ocho años sin un resultado a su favor de parte del Estado, tiene el único propósito de hacer prevalecer derechos de la empresa constituida en Sociedad Anónima (S.A) sobre los terrenos de los aeropuertos el Trompillo (Santa Cruz), Jorge Willsterman(Cochabamba) y Juan Mendoza (Oruro), cuyo avalúo supera en total los $us 1.000 millones. Y en base a esa situación, relata Nogales, lo que se busca es conciliar con el Estado las deudas, que a la fecha de parte del LAB, alcanza solo $us 60 millones.
Al contrario de lo que debería suceder con el actual gobierno de Jeannine Añez, el LAB sufre otros revés señala Nogales. La inauguración del moderno edificio técnico para la estatal Boliviana de Aviación (BOA), hecho suscitado hace dos semanas atrás, deja otra señal adversa, por lo que ven con esceptisismo una pronta salida a ese largo peregrinar."Entonces, por todo esto, no tenemos mucho optimismo de que se pueda llegar pronto a un buen acuerdo", precisa.
P. ¿Qué medidas adoptarán si la negativa desde el Estado es invariable?
O.N.: Si no ocurre lo que buscamos, si el gobierno no asume su responsabilidad sobre la propiedad de los aeropuertos que deberían ser administrado por ellos y deberían tener los papeles en órden, entonces no nos va a queda otra cosa que entregar a un consorcio de abogados en el exterior y vender la empresa, en todo caso, vender la cobranza del Estado. Ellos (consorcio de abogados) van a invertir, van a pagar lo que tienen que pagar y posteriormente le harán un proceso al gobierno o al Estado, que yo estimo que mínimo van ha tener que pagar mas de 3.000 millones de dólares. Y esa cantidad se va a ser un grave daño al país y las futuras generaciones.
P. ¿Porqué el Estado ha dejado pasar y que suceda todo esto?
O.N.: Esta cadena de irresponsabilidad de la función pública realmente llama la atención. ización de los partidos políticos. Como se es funcionario público, como no es mío, como es del Estado, aparentemente no le debo darle soluciones a los problemas. Todo el mundo piensa que es una papa caliente y se inventa, desconoce, abogados y funcionarios del gobierno. Y no es que no haya gente capacitada, mas parece que nadie quiere quemarse y por todo eso demuestra escasa voluntad política de hacerlo.
P. ¿Qué es lo que concretamente piden para conciliar y dar solución definitiva?
O.N.: Nosotros lo único que estamos pidiendo es quedarnos con la infraestructura de Cochabamba y entregarle todos los aeropuertos del país al Estado y que éste asuma la responsabilidad de pagar las deudas, por ejemplo lo que se debe a los extrabajadores, que son de $us 30 millones.
P. ¿Cuando menciona un consorcio de abogados fuera del país, refiere a un arbitraje?
O.N.: No. Lo que estamos hablando es de otra alternativa de solución, si el gobierno o el Estado no asume una salida de buena fe, no nos va ha quedar otra que conseguir un consorcio de abogados en el exterior que compren esta deuda, porque hay consorcios que compran la deuda y ellos asumen el pago de las obligaciones y las responsabilidades. Como la deuda del LAB al Estado son solo $us 60 millones (por tema de impuestos) y el consorcio de abogado podría recibir 3.000 millones de dólares, es un negocio para cualquiera. Eso es lo peligroso, como boliviano no es conveniente que esto caiga en manos extranjeras.
P. Hablando de números. ¿Cuánto aspiran recibir por el traspaso de los terrenos al Estado?
O.N.: Es imposible pensar que el gobierno pague la cantidad del avaluo que representan los terrenos hoy de propiedad del LAB. Para nosotros sería lo ideal recuperar, incluso en apego a precio comercial el traspaso de esos terrenos, pero eso es imposible, por eso pedimos al gobierno la conciliación de partes. Además, no están tomando en cuenta que el LAB es una sociedad anónima, que puede negociar sus acciones líbremente. A eso nos quieren forzar, con toda esa actitud de dejar pasar el tiempo.
Ahora la alternativa, es expropiarlas pero igual tienen que pagar. Lamentablemente, no hay señales de querer buscar una solución a eso. En el anterior gobierno nos ignoraron por cuestiones ideológicas. Es más, el gobierno ha emitido una Ley el 2014, ordenando el registro de propiedad en Derechos Reales, demanra totalmente arbitaria y violatoria de la propiedad privada. A ese extremo hemos llegado. Por eso ha sucedido la construcción de ese moderno edificio para BOA, que se constituyó en un avasallamiento descarado, dando cumplimiento a esa ley.